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El poder económico y financiero, con la excusa de una crisis que él mismo ha generado, sigue en su ofensiva de acumular riqueza sin ningún cambio en el diseño económico. Su objetivo es acabar con lo que hemos conocido como estado de bienestar. Ahora le toca el turno a la reforma laboral, que lejos de dar solución a las causas que han generado la crisis, las refuerza. Una reforma que tendrá efecto en nuestros derechos laborales a través del abaratamiento del despido, que ataca la naturaleza de la negociación colectiva, que no elimina la precariedad laboral, que refuerza el papel de las ETTs, potenciando la mercantilización del empleo…

Pero la situación que vivimos, más allá de la trascendental reforma laboral, requiere un replanteamiento de las opciones que nos ofrecen inmutables. Hoy más que nunca se hace necesario transformar las políticas supeditadas al poder económico: la economía debe estar al servicio de las personas y no al contrario como viene sucediendo. Es urgente cambiar un sistema que promueve el enriquecimiento de una pequeña parte de la población a costa del empobrecimiento de la mayoría y la destrucción paulatina del planeta.

El gobierno español ha propuesto un brutal recorte de las pensiones y de los derechos laborales. La medida más conocida es la de aumentar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años. Pero no es la única. En materia de pensiones se plantean más recortes: rebaja de las nuevas pensiones (por ejemplo, aumentando el número de años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión), retraso en la edad legal de prejubilación, recorte de las pensiones de viudedad o de la prestación por incapacidad temporal. Todos los cambios van en la misma dirección: acabar con las garantías de un sistema público de pensiones y perjudicar a la gente que accede a una prestación.

Junto al recorte de las pensiones, también amenazan con una dura reforma laboral como sacrificio para salir de la crisis. El gobierno pretende abaratar el despido en términos reales (modificando los artículos del Estatuto de los Trabajadores para que sea más fácil que un despido sea procedente o extendiendo la utilización del contrato indefinido de fomento del empleo, que cuenta con una indemnización por despido improcedente menor), aumentar la flexibilidad laboral que quieren las empresas (movilidad, horarios, etc), centralizar la negociación colectiva y extender el papel de las ETTs y de las agencias privadas de colocación.