Llego el momento para que las mujeres guatemaltecas hablen y reclamen justicia
[MugarikGabe / Tamara de Gracia] Durante los días 4 y 5 de marzo, en Guatemala, se está llevando a cabo “El Tribunal de Conciencia para Mujeres sobrevivientes de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado”, donde diferentes mujeres, muchas de ellas indígenas, darán su testimonio sobre las violaciones, no reconocidas y mucho menos resarcidas, que sufrieron más de 30.000 mujeres durante los 36 años de conflicto armado que tuvo lugar en Guatemala hasta la firma de la paz en 1996.
Desde las organizaciones firmantes mostramos nuestra repulsa ante las continuas violaciones de Derechos Humanos que vienen sufriendo a lo largo de los últimos meses las personas y organizaciones contrarias a la minera canadiense Pacific Rim Mining Corp., que incluyen amenazas, persecución y violencia en el Departamento de Cabañas, donde dicha empresa tiene previsto el desarrollo del proyecto minero aurífero en El Dorado.
En estos últimos días hemos visto y leído en distintos medios de comunicación cómo los esfuerzos de las mujeres afganas por hacer cumplir sus derechos no han tenido respuesta por parte del gobierno. En el mes de abril las mujeres afganas junto a otros colectivos por los derechos humanos organizaron una campaña para denunciar la aprobación de la Ley del Estatus Personal para la población chiita del país legalizando la discriminación al no respetar los derechos y la dignidad de las mujeres, permitiendo incluso la violación en el matrimonio.
El 25 de agosto la misión diplomática de la OEA dejó el país sin haber conseguido la aprobación del Acuerdo de San José.
Tras los graves acontecimientos sucedidos en la ciudad de Bagua el pasado 5 de junio, ampliamente denunciados por la comunidad internacional, entendemos que el Gobierno del Perú no ha impulsado medidas suficientes para el esclarecimiento imparcial de los hechos, el resarcimiento a las víctimas y el establecimiento de un diálogo genuino, transparente y sincero. Más aun, vemos con especial preocupación el incremento de la persecución política, mediática y judicial de dirigentes y pobladores indígenas y de personas e instituciones que les dan apoyo. Remarcamos que la persecución se está centrando precisamente en los dirigentes indígenas que deben ser los interlocutores de ese diálogo.