Resultado del trabajo en red con organizaciones como Perifèries, Entrepobles, Cedsala…. que desarrollamos a raíz de la presentación en el País Valencià del informe “Transnacionales, oligarquía y criminalizacion de la protesta social. El caso Guatemnala”.
Este Ayuntamiento manifiesta su consciencia de que este año 2018 representa un hito importante en la historia reciente de la lucha por los Derechos Humanos. Precisamente, en esta fecha se cumplen 70 años de la aprobación por las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Igualmente, 2018 supone los primeros 20 años de la aprobación, también por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, más conocida como Declaración de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Posiblemente el elemento más notorio es el hecho de establecer como obligación internacional la necesidad de proporcionar apoyo y protección a estas personas en el contexto de su labor, la cual constatamos que se torna día a día más difícil y arriesgada.
Como institución saludamos y reafirmamos el llamamiento de dicha Declaración a que todos y todas tenemos una responsabilidad y función que cumplir en la mencionada defensa. Pero subrayamos ahora, en este aniversario, la responsabilidad primera de los estados e instituciones para con la defensa de los derechos universales y de forma especial para con la garantía de la vida y el ejercicio de esa defensa por parte de aquellos y aquellas hoy dedicados de forma explícita a esta función. Los llamados Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, son igualmente Defensores de la Vida y Defensores de la Humanidad. Por eso, saludamos y apoyamos mediante este pronunciamiento su desempeño y compromiso en una lucha que debe de ser de todos y todas.
En el mismo sentido ya expresado, y en consonancia con las Naciones Unidas, queremos ahora recordar algunas de las obligaciones fundamentales de los estados en este campo como son:
Proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos;
Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole;
Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades;
Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos;
Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos;
Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o
cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración;
Promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;
Garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos; por ejemplo,[1] mediadores o comisiones de derechos humanos;
Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la educación y la formación profesional oficial.
Sin embargo, el Ayuntamiento de València también es consciente de la pérdida de valor en los últimos años del discurso de los derechos humanos en detrimento de otros principios e intereses (políticos, geoestratégicos, económicos, comerciales) y esto nos preocupa de forma especial.
En este mismo ámbito, constatamos el alarmante aumento de las violaciones a los derechos fundamentales de los defensores y defensoras que se está produciendo globalmente. De acuerdo al “Informe anual sobre defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo en 2017” de Frontline Defenders, esta organización tuvo información del asesinato de 312 defensores y defensoras en todo el mundo. De estas muertes, prácticamente el 70% se producen en América Latina, concentrándose casi la mitad en cuatro países México, Guatemala, Honduras y Colombia.
Sólo en este último, y según la misma fuente, se dan el 30% de todos los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos que ocurren en el mundo. Dos terceras partes de todos estos asesinatos se producen contra personas que defendían la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas.[2]
Según el citado informe, Colombia es el país más peligroso para el ejercicio de los derechos humanos a nivel mundial, el ataque a los defensores y defensoras de derechos humanos constituye un fenómeno en aumento, generalizado y sistemático, a lo que se añade una falta de garantías efectivas y de protección adecuada para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. En los cuatro primeros meses del año 2018 han sido asesinadas 53 personas.
Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático para acallar a quienes en defensa de los derechos humanos, se enfrentan a los intereses de los poderosos. Junto con las amenazas o el hostigamiento, la criminalización siguió siendo la estrategia más común utilizada para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de las defensoras y defensores. Miles fueron objeto de detenciones, acusaciones falsas, sometidas a procesos legales largos, costosos e injustos y, en algunos casos, condenados y condenadas a largas penas de prisión.
Igualmente, en el citado informe se hace mención a la situación que se vive en los Territorios Palestinos Ocupados y la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos que se ven sometidos a falsas acusaciones, acoso judicial y detención en régimen de incomunicación. En julio de 2017, el tribunal militar israelí de Ofer en Cisjordania ordenó la detención administrativa de la defensora Khitam Saafin, presidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, durante tres meses, sin juicio, por razones de seguridad que no fueron precisadas.
La acusación se basó en pruebas, “secretas” y que no fueron llevadas ante los tribunales, de pertenencia al Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Y así mismo, más de medio centenar de presos/as políticos/as saharauis están cumpliendo condena en prisiones marroquíes, en los juicios no han contado con las mínimas garantías procesales, condenadas por declaraciones obtenidas bajo tortura e incluso juzgadas por tribunales militares siendo civiles. Muchos de ellos sufren graves enfermedades debidas a las torturas y no reciben la atención médica que su situación requiere, derecho que diferentes convenios internacionales los reconoce.
En virtud de lo anterior, y tal como se acordó en la Declaración Institucional aprobada en Les Corts, este Ayuntamiento,
1. Reafirma su compromiso con la consideración de los derechos humanos individuales y colectivos tal y como han sido recogidos en los diferentes instrumentos internacionales,con especial referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en este su 70 aniversario y a la conocida como Declaración de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en este su 20 aniversario.
2. Así mismo, entendiendo que todos y todas tenemos responsabilidad y funciones que realizar en la protección y reconocimiento de los Defensores y Defensoras, junto a las organizaciones sociales, hacemos un especial llamado a los estados para el cumplimiento de todas sus responsabilidades en esa misma protección.
3. Rechazamos los procesos de criminalización que se articulan, especialmente desde algunos sectores económicos y políticos, contra la labor de los defensores y defensoras. Estas personas cuentan, desde sus actuaciones pacíficas y como defensoras de la vida, con el reconocimiento y protección de este ayuntamiento.
4. De la misma manera hacemos un llamado a las misiones del estado español a proactivamente velar por la protección de la defensa de los derechos humanos y a tener especialmente en cuenta a los actores más golpeados como lo son los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGTBI, y así apoyar que se pueda seguir luchando por cambios pacíficamente.
5. Reconocemos igualmente el destacado trabajo realizado hasta la fecha por diferentes Programas de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos realizados en coordinación continua entre instituciones y organizaciones sociales del ámbito de la cooperación y solidaridad internacional; por lo tanto se está estudiando el impulso de un programa de estas características para la ciudad de València.
6. Consideramos que los organismos públicos competentes deben articular los procedimientos sancionadores necesarios ante las violaciones de derechos humanos que contra estas personas pudieran cometerse por parte de terceros (empresas, organizaciones, grupos paramilitares, etc.).
7. Por último, garantizar que se integra la perspectiva de género en todas estas peticiones, teniendo en cuenta el impacto diferenciado que sufren las defensoras de derechos humanos en razón del género, en contextos de gran discriminación y violencia contra las mujeres.
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[1] http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
[2]https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017