El pasado 20 de octubre en Bolivia se celebraba la “fiesta de la democracia” unas elecciones presidenciales para un próximo mandato legislativo. Durante el proceso de recuento de votos los partidos opositores a Evo Morales denunciaron fraude electoral mientras el Presidente insistía en la transparencia del proceso y en la legitimidad de su victoria. Pese a ello y a petición de organismos internacionales como la OEA, Morales abrió las puertas a una auditoria del proceso electoral dirigida por dicho organismo comprometiéndose a convocar nuevas elecciones si se detectaban irregularidades. Dudo mucho que un Presidente se preste a una auditoria de este tipo de forma tan rápida y transparente de no estar convencido de que el proceso electoral había sido limpio. Pese a ello la derecha, y no solo la de CC el segundo partido más votado, inicia una campaña de insultos hacia el presidente tildándolo de tirano y dictador e intentos de desprestigio con mentiras del proceso de cambio en el país llevado a cabo en 13 años de mandato. Ya ni siquiera les importa el resultado del informe de auditoría sino que exigen su renuncia. Todo muy democrático…

Pero las mentiras no pueden con los datos y es un hecho que en este relativamente corto espacio de tiempo en que Morales ha sido Presidente, se han reducido drásticamente los índices de pobreza y pobreza extrema, se ha erradicado el analfabetismo, se ha recuperado el control de recursos nacionales y de empresas antes privatizadas, logrando así mayores ingresos económicos que se han redistribuido entre la población mediante ayudas e inversiones sociales para proveer a la ciudadanía de mejores servicios públicos (educación, salud, infraestructuras) que ahora llegan a todos los rincones del país y que han disminuido la brecha entre ricos y pobres. Y todo ello con una economía pujante creciendo a una media de un 5% anual con un crecimiento positivo del PIB, lo que ha merecido incluso elogios por parte del FMI. También se ha logrado una mayor participación social y política de las mujeres, pese a que aún queda mucho que hacer en este campo para alcanzar la equidad y lograr disminuir la violencia machista. Y si algún logro ha sido realmente profundo y transformador ha sido la recuperación de la identidad, dignidad y orgullo de los pueblos indígenas cuya población representa más de la mitad de la ciudadanía boliviana. Por primera vez en su historia han asumido cargos públicos y políticos relevantes, han participado en la toma de decisiones, están gestionando sus propios medios de comunicación popular, han colocado sus propuestas y necesidades en la agenda política del país. Y no es fácil aplastar esa dignidad alcanzada, hoy se saben sujetos de derecho y tienen bien grabada en la memoria lo que significa vivir siendo ignorados, humillados, explotados, siendo los nadies.

Y en este escenario, el pasado domingo 10 noviembre la OEA presenta un avance del informe de auditoría de las elecciones indicando que hay pruebas de  irregularidades. Sean o no creíbles estas acusaciones, el hecho es que Evo Morales anuncia entonces que convocará nuevas elecciones con intención de pacificar la situación en el país que se estaba volviendo convulsa con actos de racismo y violencia de grupos organizados de la derecha hacia la población indígena y cargos institucionales y sociales. Es entonces cuando algunos sectores de la policía se amotinan y después el propio ejército “sugiere” a Evo Morales que renuncie a su cargo de Presidente. Y así decide hacerlo, pensando que de esta manera se calmarán los ánimos y se evitará un baño de sangre. Ojalá hubiera sido así.

Por el contrario desde entonces, grupos de choque organizados por el ultraderechista Luis Fernando Camacho están violentando y atemorizando a la población indígena y haciéndolo con un racismo exacerbado. Desde humillaciones publicas como cortar las trenzas a las mujeres, atarlos a árboles, ponerlos de rodillas, quemar la whipala (bandera indígena), hasta saquear casas de responsables políticos y secuestrar familiares para forzarles a dimitir de sus cargos… Desde hace unos días la propia policía y el ejército -quienes deberían defender la justicia y el orden constitucional- están atacando con gases y armas de fuego a las multitudes de manifestantes indígenas pacíficos y desarmados que ejercen su derecho a la protesta frente al golpe movilizándose hacia La Paz y en otras ciudades del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya se contabilizan entre los y las manifestantes cientos de personas heridas de bala y más de 20 asesinadas, además de centenares de detenidos.

Es cierto que en el gobierno de Evo se cometieron también errores y se tomaron decisiones cuestionables pero nada de eso justifica el golpe de estado que se ha producido, ni la autoproclamación de la derechista ultracatólica Jeanine Añez bajo cuyas órdenes están ahora las fuerza armadas masacrando manifestantes desarmados sólo por el sospechoso color de su piel. Pese a la discriminación, racismo, violencia y odio que se muestra sin ningún pudor estos días en todas las regiones del país, las organizaciones sociales, indígenas y campesinas están en las calles intentando revertir el golpe, muy conscientes de lo que está en juego. Su dignidad los mantiene en pie y en una resistencia pacífica cada vez más numerosa.

Pero hay aún otro derecho fundamental que está siendo violentado estos días en Bolivia y es el derecho a la información. A estar informadas, a acceder a información veraz y a poder producir y difundir mensajes informativos. En los primeros momentos del golpe la radio y televisión pública fue clausurada y días después se ha reabierto bajo una nueva dirección que oculta todo lo que está sucediendo en el país – al igual que el resto de medios de comunicación privados del país situados todos ideológicamente a la derecha- y amenaza a sus trabajadores si difunden por cualquier medio lo que en verdad está ocurriendo. Supuestamente todo está en calma, hay normalidad en el país y se ha derrocado a un dictador que cometió fraude electoral. Fin de la comunicación.

Por otra parte, sobre todo durante los últimos 20 años, se han formado técnica y políticamente cientos de comunicadores y comunicadoras indígenas que hoy dirigen radios, televisiones comunitarias, informativos y noticias en páginas de internet, realizan reportajes y programas televisivos, etc. Esto ha sido también fruto de esa recuperación en los últimos años de la identidad indígena y del derecho a tener voz propia en los medios de comunicación.

Por eso hoy, frente a este cerco mediático, la voz, la palabra y las imágenes que estos valientes y comprometidos comunicadores y comunicadoras nos hacen llegar a través de la redes sociales son la única información verídica y extremadamente dura que nos llega. Y se están jugando la vida para ello. El gobierno de facto les ha cerrado sus páginas de internet, muchas radios y medios de comunicación comunitarios han sido saqueados, destrozados, quemados.  Han amenazado a las y los periodistas (incluso extranjeros) con acusarlos de sedición si siguen informando por cualquier medio, algunos han sido detenidos; se detiene a la gente por la calle si ven que están grabando con móviles, algunos han recibido amenazas contra su vida  por difundir lo que está ocurriendo. Hay miedo y a la vez un valor infinito. Nos piden ayuda a quienes mantenemos como podemos el contacto con ellas y ellos. Piden a la comunidad internacional que muestre la verdad; que los medios de comunicación masiva, no solo los populares, dejen de mirar a otro lado; que se comprometan con la paz, la verdad, la justicia y con su mandato de informar a la sociedad; que no sean cómplices de estas matanzas. Que no digan luego que no sabían nada.