El 3 de marzo de este 2016, en las tierras vascas nos disponíamos a recordar, por que a veces decimos a celebrar y no puede ser así, no hay nada que celebrar, los 40 años de lo que desde los primeros días de todos esos años, se conoció como la masacre obrera de Gasteiz. En esa fecha, en esta ciudad a las puertas de la primavera, los poderes económicos y políticos dominantes de la llamada transición española decidieron dar un escarmiento a la lucha organizada de trabajadores y trabajadoras que se extendía en una huelga general ese día, y en multitud de protestas en los precedentes. Se demandaban mejores condiciones laborales, de vida, mayor justicia y verdadera democracia.
A veces, qué poco cambian los tiempos y los modos de las injusticias, aunque transcurran 40 años o nos movamos 10.000 kilómetros en el planeta.
Por que precisamente, este mismo 3 de marzo de 2016, mientras en Gasteiz se rememoraban los asesinatos de cinco trabajadores a manos de la represión policial, se recibía la noticia desde Honduras, desde la otra parte del mundo, del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, coordinadora de una de las organizaciones popular e indígena más importante de ese país. Una mujer que llevaba en la lucha más de 20 años, firme en la defensa de los derechos de su pueblo y del campesinado, rebelde ante las transnacionales y la oligarquía hondureña y en la defensa del medioambiente ante el brutal ataque y explotación que estas tierras sufren, especialmente desde que se dio el último golpe de estado en el año 2009.
Precisamente, desde ese año se ha producido en Honduras una explosión de megaproyectos hidroeléctricos, mineros o agroindustriales; siempre en detrimento de las comunidades indígenas o campesinas, a las que se expulsa de sus territorios o se les destroza y contamina, siempre de la mano del capital transnacional.
La misma BBC, al dar la noticia del asesinato, calificaba a Berta como la mujer “que le torció la mano al Banco Mundial y a China”. Y esto tiene que ver con esa lucha en defensa del territorio del pueblo lenca. En el 2006 se dio la concesión a una empresa hondureña para la construcción de una represa hidroeléctrica en estas tierras indígenas. A dicha concesión se uniría inmediatamente capital chino, alemán y del Banco Mundial. Pero, la determinación de la lucha ha sido de tal calibre que las transnacionales tuvieron que retirarse, incluso reconociendo que esta retirada era motivada por la persistente oposición comunitaria y las dudas sobre las continuas violaciones de los derechos humanos de la población que se cometían desde las instancias gubernamentales y/o paragubernamentales hondureñas. Y una vez más, aunque estos proyectos se suelen “vender” como piezas claves para el desarrollo, hay que recordar que cuando en estos países, por ejemplo, se construyen represas no es para llevar electricidad a las comunidades, no es para mejorar las condiciones de vida de la población, es para surtir de energía a los megaproyectos mineros o agroindustriales. Es decir, se retroalimentan entre transnacionales a través de agresivos proyectos de explotación que aumentan sus cuentas de beneficios mientras destruyen las tierras y territorios de sus legítimos poseedores, a quienes al final se dejará únicamente destrucción y más cercenadas aún las posibilidades para una vida digna.
Pero, si bien mencionábamos antes que la noticia ha sido recogida por la BBC, desgraciadamente habrá que reconocer inmediatamente que este asesinato no es noticia de los grandes medios de comunicación. Por que en los últimos años ya no es noticia el asesinato de defensores y defensoras de los derechos humanos ya sean éstos individuales o colectivos. La clase mediática (aquellos que definen las líneas editoriales), la política y la económica dejaron aparcado hace tiempo el discurso de los derechos humanos. Sirvió durante un tiempo, sobre todo durante la llamada “guerra fría” para atacar al adversario; sirve hoy todavía, aunque muy de cuando en cuando para “ilustrar” regímenes que se etiquetan rápidamente como populistas y totalitarios, pero ya no es una preocupación que implique determinación política cuando no hay interés geoestratégicos o económicos detrás. Lo apreciamos con claridad en estos últimos meses con la llamada crisis de refugiados en esta Europa que un día se consideró cuna y defensora de esos derechos. Pero, sobre todo, se ve con absoluta nitidez esta dejación cuando la violación de los derechos humanos individuales y colectivos está en directa relación con los intereses y beneficios que se facilitan a empresas extractivas, especialmente transnacionales europeas, canadienses o estadounidenses en terceros países, ya sea en América Latina o en África. Normalmente, se puede afirmar que según crecen éstos últimos, también crecen las violaciones a los derechos.
Explica esto en gran medida, que el asesinato o la represión sistemática sobre los pueblos indígenas, principales opositores a estos ataques, no sean noticia reseñable; no provocan una oleada de indignación en los medios de comunicación masivos, no producen declaraciones ni medidas políticas por aquellos líderes que se dicen defensores de los derechos humanos.
Hace poco más de dos años, con motivo de la situación que atraviesa el pueblo mapuche en Chile y Argentina, que ve como diariamente son despojados de sus territorios a cargo de industrias madereras e hidroeléctricas, escribía un texto con el título “los siguen matando”, en que se decía que “…los siguen maltratando, robando sus tierras y los siguen asesinando. Estos pueblos siguen poniendo, hoy como ayer, los muertos sobre la mesa en ese permanente conflicto abierto hace más de 500 años contra ellos. Desde el extremo sur hasta el norte del continente, siguen siendo diana de las balas, siguen siendo el centro escogido de la represión más brutal…”. En estos dos años, por tomar un pequeño e inmediato espacio temporal, las denuncias en este mismo sentido se han seguido acumulando. E incluso, en pleno proceso de paz como el colombiano, los pueblos indígenas hoy, siguen poniendo muertos. Este mismo día 3 de marzo amanecía con la denuncia del asesinato del gobernador (autoridad tradicional) Alexander Oime Alarcón del cabildo indígena de Río Blanco (Cauca), baleado en plena calle. Y se cierra el día con la noticia de Berta.
Y todos ellos y ellas hoy siguen siendo asesinados por su lucha en defensa de la tierra y el territorio, por la firmeza y claridad de que su identidad es importante, y que como hombres y mujeres libres tienen derechos que deben no solo ser respetados, sino también ejercidos. Pero, en el continente latinoamericano, como en África, y de forma especial en aquellos países con gobiernos neoliberales, los procesos de privatización de todo (el agua, la tierra, la vida…) siguen avanzando. Cuando las comunidades lencas, en su lucha contra el proyecto hidroeléctrico se fueron a la capital, a Tegucigalpa, se enteraron que el gobierno había entregado la práctica totalidad de los ríos de sus territorios, los derechos para explotarlos, a empresas privadas por más de 30 años. Y en este sentido los ejemplos se multiplican en todos los países, en todos los territorios indígenas. En Guatemala, otro ejemplo paradigmático de entrega del país a las transnacionales y de represión ante la protesta de las comunidades, continuamente se denuncia en los últimos tiempos el encarcelamiento de autoridades tradicionales con cargos ideados expresamente para apartarlos de sus pueblos y castigarlos por dirigir, bajo mandatos comunitarios, la protesta contra las transnacionales y por la defensa de los territorios y de la vida. La otra opción es el asesinato, que también aumenta proporcionalmente a la protesta en los últimos años.
Pero, como dijo Berta Cáceres, en una de sus últimas entrevistas, “cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca (el proyecto hidroeléctrico en territorio lenca) yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río”.
Jesus González Pazos
Miembro de Mugarik Gabe
2016/03/03