El gobierno desconoce o ignora los distintos Acuerdos, Tratados y Convenciones internacionales que ha firmado y que debe garantizar todos los derechos de las mujeres; en vez de promover medidas que los cumplan realizan leyes que los violan. Se nos elimina el derecho a decidir  si queremos desarrollar nuestra capacidad reproductiva y tomar las medidas necesarias para llevar a término o no un embarazo; esto es, no tenemos autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. No tenemos derecho a decidir, se subordina nuestra decisión a la valoración de la medicina y la judicatura, dado que se interpreta que no tenemos capacidad para ello, tutelando las decisiones de las mujeres.
Como expuso Marta Dolado quien ejerció como fiscal en el marco del Tribunal internacional de Derechos de las mujeres celebrado en junio en Bilbao, “la restricción del derecho al aborto es una  violación de los derechos humanos. (…). Cuando un embarazo no es deseado y la ley requiere que la mujer lo continúe, esta situación puede constituir una intrusión gubernamental en el cuerpo de la mujer (…). El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha indicado que las restricciones al acceso al aborto legal y seguro pueden llevar a situaciones que constituyen un trato cruel, inhumano o degradante”.
Así ocurre en algunos Estados, como en El Salvador y Nicaragua entre muchos otros, donde los gobiernos no dejan que las mujeres aborten en ninguna circunstancia, agravándose la situación al máximo, vulnerando el derecho a la vida. Relegan la vida de una mujer entendiendo que es un mero instrumento para el feto.
La legislación sobre el aborto es muy diversa según el país y el gobierno que esté al frente, no obstante, en muchísimos Estados, si no la mayoría, continúa estando castigado en el Código Penal. Mientras el aborto esté en el Código Penal, el derecho a decidir será negado y subordinado a la judicatura, mientras abortar sea delito habrá una inseguridad jurídica para las mujeres y profesionales que lo realizan; sólo la despenalización y un aborto libre y gratuito respalda la libre decisión de las mujeres.
Cuando hablamos del derecho al aborto hablamos también del derecho a la autonomía. Justa Montero explicaba en el Tribunal que este derecho será efectivo cuando podamos practicar las decisiones tomadas y teniendo medios y servicios suficientes para poner en práctica nuestra decisión. Para ello, además de tener leyes que no restrinjan la libre decisión, el Estado debe garantizar medios suficientes para que podamos interrumpir un embarazo en la red sanitaria pública, así como elegir el método para hacerlo y castigar a quienes lo obstaculicen. De lo contrario se estará discriminando a las mujeres.
Asimismo, cada mujer podrá tomar la decisión individual que considere según su moral, credo o circunstancia pero no debemos admitir que la religión intervenga en la legislación de un Estado laico y aconfesional; se deben promulgar políticas públicas que además de respetar las creencias religiosas del ámbito privado, garanticen los derechos de las mujeres mediante políticas públicas. Hay que hacer frente a este pensamiento que considera que las mujeres el derecho que tenemos es el de ser madres y no a decidir, y lo principal a proteger es un embrión y no a la mujer.
Los grupos anti-elección que se enorgullecen de hacer esa defensa a ultranza sobre la vida, no cuestionan que ésta la tenemos que “sobrevivir” como podamos, porque día a día, hay más recortes sociales, laborales y económicos avalados por el mismo poder que relegan toda la carga de la reproducción social en las familias, que en definitiva recaen en las mujeres. Hay que analizar esta reforma de Gallardón en un contexto más amplio donde no sólo se está recortando el derecho al aborto sino que están imponiendo una serie de medidas que están suponiendo un retroceso en los avances de los derechos de las mujeres, abocando a las mujeres a las posiciones de ama de casa y cuidadora a tiempo completo.
Es más, cuestionamos que realmente lo que se quiere proteger sean vidas ya que las políticas restrictivas sobre aborto lo que muchas veces conlleva son muertes maternas por abortos en clandestinidad de aquellas mujeres sin recursos.
A día de hoy el aborto está criminalizado y estigmatizado, tanto legal como socialmente. Hay que diferenciar entre un debate político y uno moral. La política no puede basarse en la moral de quien legisle sino en la justicia para todas las personas, incluidas las mujeres. Si bien es un tema que desde el feminismo se lleva reivindicando muchos años, sigue siendo un tema tabú y hay que lograr que se genere una conciencia colectiva de la sociedad sobre esta vulneración del derecho. Tendremos que sumar todas las fuerzas de los colectivos sociales para hacer frente a esta injustica.
El 28 de septiembre debemos exigir nuestro derecho a decidir, la despenalización del aborto y que éste sea gratuito, en definitiva, que se cumplan los Derechos Humanos de las Mujeres. Llamamos a salir a las calles para movilizarnos y participar en los actos de protesta que se realizarán en contra de la reforma que propondrá Gallardón.

GURE GORPUTZA, GURE ERABAKIA

Joana Etxano Gandariasbeitia

 

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