El gobierno español ha propuesto un brutal recorte de las pensiones y de los derechos laborales. La medida más conocida es la de aumentar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años. Pero no es la única. En materia de pensiones se plantean más recortes: rebaja de las nuevas pensiones (por ejemplo, aumentando el número de años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión), retraso en la edad legal de prejubilación, recorte de las pensiones de viudedad o de la prestación por incapacidad temporal. Todos los cambios van en la misma dirección: acabar con las garantías de un sistema público de pensiones y perjudicar a la gente que accede a una prestación.

Junto al recorte de las pensiones, también amenazan con una dura reforma laboral como sacrificio para salir de la crisis. El gobierno pretende abaratar el despido en términos reales (modificando los artículos del Estatuto de los Trabajadores para que sea más fácil que un despido sea procedente o extendiendo la utilización del contrato indefinido de fomento del empleo, que cuenta con una indemnización por despido improcedente menor), aumentar la flexibilidad laboral que quieren las empresas (movilidad, horarios, etc), centralizar la negociación colectiva y extender el papel de las ETTs y de las agencias privadas de colocación.