Seis Coordinadoras, federaciones y redes del Estado Español, además de otras 40 organizaciones de solidaridad y cooperación internacional firmamos el siguiente comunicado mostrando nuestra preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el marco de la denominada pandemia de la COVID-19.
Tras el golpe de estado en Bolivia el gobierno de facto está llevando a cabo una estrategia de opacidad informativa y censura mediática en todo el país.
El silencio se instala en Bolivia y cada día se hace más impenetrable. En teoría las gentes hablan y los medios de comunicación siguen contando lo que ocurre en calles y despachos, en el campo y en la ciudad, pero el silencio se espesa hasta convertirse en algo viscoso que recorre todo el país y lo enmudece.
Tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, con la intención de evitar un derramamiento de sangre y de que la policía y el ejercito cumplan su mandato constitucional de defensa del pueblo, la autoproclamada nueva Presidenta en funciones Jeanine Áñez firma un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas de toda responsabilidad penal por sus actuaciones durante las protestas. A día de hoy hay más de 20 personas asesinadas por las FFAA con armas de fuego. Es un golpe de estado con licencia para matar.
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