De fundamentalismos religiosos, oportunismos políticos, derechos sexuales y reproductivos y desarrrollo….
Juana, Marta, María, Xochilt, Mayra… esos eran los nombres que, en la manifestación realizada el pasado 10 de octubre por varios movimientos y organizaciones de mujeres así como por diversas organizaciones progresistas y de defensa de los derechos humanos, portaban los maniquíes símbolos de todas las mujeres pobres de Nicaragua que serían condenadas a muerte si la Asamblea Nacional abolía la posibilidad de realizar abortos terapéuticos.
Jazmina Bojorge no era el nombre de un maniquí, tenía 18 años y fue la primera víctima de la alianza entre el fundamentalismo religioso y el oportunismo político. Alianza que hizo posible que el pasado 26 de octubre la mayoría de los diputados y diputadas del Parlamento votarán a favor de penalizar el aborto terapéutico. Jazmina Bojorge murió porque los médicos no se atrevieron a realizar el aborto que hubiera necesitado para salvar su vida, murió tras dos días de peregrinaciones por diversos hospitales del sistema público para que se le realizase un ultrasonido con el que determinar su estado de salud.Este caso puso de manifiesto, como mínimo, dos cosas. Por un lado, las consecuencias mortales para las mujeres pobres de la decisión de los y las diputadas. Y por otro lado, las graves deficiencias del sistema de salud nicaragüense. De 24 a 25 dólares fue el incremento que se registró durante el 2006 en la inversión anual en salud por habitante.
Y la eliminación del aborto terapéutico del Código Penal nicaragüense ha puesto de manifiesto, como mínimo, cuatro cosas, la existencia de un fundamentalismo religioso cristiano que campa a sus anchas por la sociedad y, lo que es más grave, por el Estado nicaragüense; el oportunismo carroñero de la clase política de este país; el que ese Estado viola los derechos humanos de la población, incluidos los derechos sexuales y reproductivos; y el tener que cuestionarnos a que modelo de desarrollo está apostándolo esa clase política.
Fundamentalismo religioso y oportunismo político:
La propagación del fundamentalismo religioso ha sido una de las consecuencias de 16 años de políticas neoliberales en Nicaragua. O tal vez, no sólo ha sido una consecuencia sino también una aliada de esas políticas. Desde los tiempos de la Colonia, y exceptuando el paréntesis de la teología de la liberación, el tipo de religiosidad que se ha impuesto en Nicaragua ha sido dogmática, providencialista, y patriarcal. Una religiosidad que impulsa a los pobres a aceptar con fatalismo y resignación las injusticias sociales. Una religiosidad que quita la responsabilidad al Estado y a la clase política de la falta de atención sanitaria y educativa y del incumplimiento sistemático de los derechos humanos de los y las nicaragüenses para ponerla en manos de un Dios omnipotente y omnipresente, al que sólo pueden hacérsele plegarias esperando que se apiade de nosotros los pecadores en una futura vida celestial.
Y esta religiosidad, junto con el contexto electoral, fue la que utilizaron las distintas iglesias para imponer su criterio acerca del aborto en un debate que hubiera debido ser un debate científico, sosegado, y reflexivo. Un debate de salud pública y del ámbito de los derechos humanos que se convirtió en una cuestión de dogmas y pecados.
El 6 de octubre la jerarquía católica y las dirigencias de algunas iglesias evangélicas organizaban un marcha contra el aborto terapéutico a la que asistían cientos o miles de personas (los medios de comunicación hablaron de multitudinaria manifestación pero nunca dieron datos detallados de la asistencia). En esa marcha abundaron las imágenes de un Cristo lloroso que proclamaba que abortar es matar, unos carteles con fotografías de un recién nacido de nueve meses en los que decía “Cada día 100 niños como éste son asesinados impunemente en Nicaragua” y todo tipo de parafernalia religiosa.
No se puede olvidar que toda esta movilización se produjo tan sólo a un mes de la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y ese contexto fue el que permitió que el fundamentalismo religioso se mezclase en un solo atol con el oportunismo de la clase política nicaragüense cuando la Junta Directiva de la Asamblea Nacional recibió a la representación de la jerarquía religiosa y les prometió que en un plazo máximo de 3 semanas iban a dar trámite y aprobar su propuesta. Y así fue, veinte días más tarde, 52 de los 90 diputados que integraban el Parlamento votaron a favor de la derogación del artículo 165 del Código Penal vigente que desde hacía más de 110 años permitía el aborto terapéutico en Nicaragua. De estos 52 diputados, 28 eran diputados del FSLN, incluidas 10 mujeres, 6 de la Alianza Liberal Nicaragüense y 18 del Partido Liberal Constitucionalista (el partido del ex presidente Arnoldo Alemán).
La Asamblea Nacional sólo tuvo oídos para los jerarcas religiosos e ignoró todas las otras voces que en el debate se posicionaron a favor de mantener la posibilidad de que las mujeres pudieran acceder a interrumpir sus embarazos para salvar sus vidas o su salud, por enfermedades congénitas del feto o por violación. Ni siquiera se detuvo a escuchar a las facultades de medicina ni a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia (SONIGOB). El 95,5% de los ginecobstetras del país no estaba de acuerdo con la penalización del aborto por causa médica debidamente justificada. Tampoco fue escuchado el Ministerio de Salud que respaldó a las sociedades médicas.
Así la decisión tomada por la Asamblea Nacional no sólo constituye una grave violación de los derechos humanos sino que además supuso una violación de la Constitución nicaragüense que establece, desde 1893, el principio del Estado Laico. Y esta sólo ha sido la última de las leyes, políticas y programas que el Estado ha adoptado en base a creencias religiosas particulares.
Y entonces, ¿podemos hablar de respeto a los derechos sexuales y reproductivos?
Después de esta última decisión del Estado de Nicaragua la respuesta parece clara. Y desgraciadamente es mucho más clara cuando definimos estos derechos y miramos la realidad en la que se desenvuelven la sexualidad y reproducción de mujeres y hombres nicaragüenses.
Los derechos reproductivos son los derechos de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento e intervalo de sus hijas e hijos, y a disponer de la información, educación y medios para hacerlo; a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; y a tomar decisiones acerca de su reproducción libre de coacción, discriminación y violencia.
Los derechos sexuales son los derechos de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente sobre todos los aspectos de su sexualidad, incluyendo la protección y promoción de su salud sexual y reproductiva; a estar libre de coacción, discriminación o violencia en su vida sexual y en todas las decisiones acerca de su sexualidad; y a contar con y demandar igualdad, consentimiento pleno, respeto mutuo y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales.
Hoy en día, la mayor parte de la población nicaragüense no tiene accesos a los servicios básicos de salud y mucho menos a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Así por ejemplo, el índice de cobertura del diagnóstico precoz del cáncer cérvico uterino no alcanza en el país ni al 7% de la población femenina.
Según el informe del Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua, titulado Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Nicaragua 2006, ahora hay más muertes maternas que hace algunos años, al pasar las cifras de 91 muertes de mujeres por cada 100,000 nacidos vivos a 121 muertes por partos en la actualidad. Además es posible observar un alarmante aumento de muertes maternas entre adolescentes (del 25 por ciento del total en años anteriores al 32 por ciento en el 2004).
La maternidad sigue siendo, en demasiadas ocasiones, un mandato de ineludible cumplimiento para las jóvenes nicaragüenses, tanto por la falta de acceso a una educación sexual de calidad y a métodos anticonceptivos, como por la presión de un imaginario colectivo que considera que ésta es la mayor realización que puede alcanzar una mujer. No así en el caso de la paternidad. En líneas generales, puede afirmarse que los hombres no son educados para el ejercicio de una paternidad responsable y afectuosa. Casi el 40% de los hogares nicaragüenses está jefeado únicamente por una mujer.
En Nicaragua se da un promedio de 10 delitos sexuales diarios, el 95.9% en mujeres y niñas, y gran parte de ellos queda sin ningún tipo de condena debido a las enormes dificultades existentes para acceder a la justicia, sobre todo en las áreas rurales del país. Tener una opción sexual que no sea la heterosexual sigue estando castigando. Así la ley 204, aprobada en 1992, tipifica la sodomía como delito.
Para completar el desolador panorama sólo hay que contextualizar todos los datos anteriores en el marco de la pobreza económica en la que vive casi la mitad de la población del país. El 45.1 por ciento de la población sobrevive con sólo un dólar diario.
Hablemos de Desarrollo…
Y sobre todo, preguntémonos de que hablaban los políticos nicaragüenses cuando repetían insaciablemente en la campaña electoral que iban a sacar a Nicaragua de la pobreza, que con ellos en el poder llegaría el Desarrollo… Preguntémonos de qué hablan las instituciones financieras multilaterales cuando sus jefes de misión desembarcan en Nicaragua para exponer sus planes de Desarrollo…
*[Artículo publicado en Nicaragua y elaborado por Amanda Andrades, Representante de Mugarik Gabe en dicho país]