En esta ocasión, y teniendo en cuenta la gran impunidad instaurada en Guatemala, como no podía ser de otra manera, la justicia oficial no ha asumido estos crímenes y es por ello que se ha utilizado la formula de Tribunales de Conciencia. Estos tribunales son un medio alternativo de justicia que a pesar de no ser órganos judiciales cuentan con una gran legitimidad, dotándose de peritajes, pruebas periciales, testimonios y vivencias de personas con alto grado de reconocimiento.
Después de realizar los estudios pertinentes y oír los testimonios, el Tribunal emite las recomendaciones en este caso al órgano judicial, ministerio público y diferentes instancias gubernamentales.
La violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática en Guatemala realizada por agentes del estado en el marco de la estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse como una verdadera arma de terror en contra de las mujeres. La mayoría de violaciones se concentraron en áreas indígenas y ocurrían de forma masiva en las comunidades, como práctica previa a las masacres en el marco de la política de tierra arrasada, y en los destacamentos militares siendo sus autores tanto el ejército como las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) promovidas por éste.
El ejército era consciente de que las violaciones sexuales eran un arma eficaz para dañar a las mujeres y para romper el tejido social de la comunidad creando, además de las secuelas físicas y psicológicas, una gran estigmatización.
El pasado no está desvinculado del presente. La historia actual del feminicidio en Guatemala es resultado del ancestral sistema de opresión contra las mujeres, así como de la impunidad y el silencio alrededor de la violencia cometida contra ellas durante la guerra.
Con este Tribunal, además del hecho simbólico de realizar una acción política dignificante y de sensibilizar a la sociedad sobre la violencia sexual como problema social, se quiere dar respuesta a las demandas más sentidas de las mujeres: ser escuchadas, pedir justicia, que la gente sepa que no son culpables y demostrar que la violencia sexual fue una estrategia de guerra y constitutiva de genocidio y de feminicidio.
Este tribunal ha contado con diferentes apoyos desde Euskal Herria, por un lado como fiscal de los casos actuará Juana Balmaseda Ripero abogada, integrante del Consejo Vasco de la Abogacía, con trayectoria en casos de impunidad, como el Informe final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, y por otro, dos representantes del Instituto de estudios sobre desarrollo cooperación internacional Hegoa harán de testigas de honor, además de la colaboración y presencia de la ONGD Mugarik Gabe.
Este es un ejemplo mas de la violencia estructural que sufren las mujeres en el mundo, una violencia que es manifestación del patriarcado, sutilmente forjada, universalmente aceptada y reforzada por las costumbres, por la religión, por la política, por la cultura y por el derecho, lo que paradójicamente la convierte en una práctica perfectamente legítima y vergonzosamente impune.
Acciones como ésta nos acercan a la justicia y a la posibilidad de reparar acciones pasadas para poder construir una sociedad sin desigualdades e injusticias donde las mujeres sean libres económica, política, social y culturalmente.
Documentos: