Bolivia ha vivido la última semana al borde del abismo debido a las provocaciones y actuaciones fascistas de la llamada “media luna” y los prefectos de los departamentos que la integran (Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando), ubicados en las tierras amazónicas del país, y las más ricas en recursos naturales, especialmente los hidrocarburíferos. En estos departamentos se han atrincherado las antiguas clases dirigentes, políticas y económicas, ante la abrumadora victoria electoral (53’4%) de un movimiento social e indígena que, representado en la figura del presidente Evo Morales, pretende la transformación estructural necesaria para sacar de la miseria a la gran mayoría de la sociedad boliviana. Tras dos años y medio de bloqueo absoluto del normal funcionamiento del estado y sabotajes continuos al mismo, el presidente Morales convocó, para el 10 de agosto un referéndum revocatorio sobre su figura y la del vicepresidente, además de sobre 8 de los 9 prefectos de los diferentes departamentos. El resultado, reconocido por la comunidad internacional, no pudo ser más contundente. No solo no se había producido desgaste alguno de la propuesta de transformación, sino que Evo Morales fue reconfirmado por el 67% de la población del país y dos de dichos prefectos fueron revocados de sus puestos. Ante dicha victoria, las clases oligarcas deciden romper, como sea el proceso, dado que el paso siguiente debe ser el referéndum para la aprobación de la nueva constitución política del estado, la cual consideran una grave amenaza a sus intereses económicos. Ante esta situación se decreten, por dichos prefectos y los llamados comités cívicos, bloqueos de carreteras en el área amazónica que provocan el desabastecimiento de combustible en esas zonas y pretenden paralizar el estado.
El martes, día 9 de septiembre, en la ciudad de Santa Cruz se inician tomas, ocupaciones y saqueos de la práctica totalidad de instituciones del estado (oficinas de impuestos, delegación presidencial, dirección de educación… ) y la destrucción y quema de otras consideradas como no aliadas a sus intereses y propuestas (ONGs, sede de la Confederación de Pueblos Indígenas, televisión y radio estatal…(por cierto, ningún otro medio de comunicación condena estas últimas destrucción ni emite comunicado alguno defendiendo la libertad de expresión, tal y como bien hacen en aquellas otras ocasiones que se sienten atacados en este derecho)). Este movimiento es presentado, a lo largo de esos días, por parte de la mayoría de medios de comunicación masiva, radicados en esa ciudad, como un levantamiento pacífico y rebelión popular ante la represión policial. Esta visión y propaganda fue aireada a nivel mundial por muchos otros medios, no solo estadounidenses. Sin embargo, el hecho de haber sido testigo directo de estos hechos en esos días me permite denunciar dichas falsedades, manipulaciones y tergiversaciones de la realidad que en Santa Cruz se produjo. Las fuerzas policiales se limitaron a la utilización de gases lacrimógenos para evitar la toma de algunas de estas instituciones y lo hicieron atrincherados en las mismas. Mientras tanto, recibieron durante horas el lanzamiento de petardos y cartuchos de dinamita, por parte de grupos, perfectamente organizados, pagados y dirigidos por miembros del comité cívico y la conocida Unión Juvenil Cruceñista, cuyas actuaciones han sido reiteradamente calificadas de fascistas y racistas (no es extraño que luzcan en sus automóviles cruces gamadas), consistentes principalmente en palizas a dirigentes populares o a simples ciudadanos clasificados como inferiores por su pertenencia étnica a los pueblos indígenas, sean del altiplano o de las mismas tierras amazónicas.
Los días sucesivos han traído la extensión de estas actuaciones a otros departamentos hasta su culminación en la ya denominada como “masacre de El Porvenir”, cometida en el departamento de Pando, y que hasta hoy contabiliza 16 muertos, más de 30 heridos de bala y un centenar de desaparecidos. Las víctimas, campesinos, fueron emboscadas por personas armadas y sicarios de la prefectura de este departamento, cuando se dirigían a una asamblea interna. Hay pruebas evidentes, grabaciones audiovisuales incluidas, que muestran el ametrallamiento del que fueron objeto mientras trataban de huir a través del río o el monte. Sin embargo, el prefecto de Pando justifica esta masacre y acusa al gobierno de provocarla, presentándola como un enfrentamiento entre dos grupos armados. Por supuesto, esta postura es ampliamente difundida por los mismos medios de comunicación aludidos y dicho prefecto tiene durante dos días una amplísima cobertura mediática, incluso con insultos personales dirigidos al presidente. En esta situación el gobierno boliviano no tiene otro remedio que declarar el estado de sitio en Pando, formar una comisión investigadora, con presencia internacional, que esclarezca los hechos y proceder a la detención y confinamiento de personas directamente implicadas en la masacre, incluido el prefecto.
Todo lo acontecido se ha buscado plantear como de culpabilidad del gobierno, aunque es evidente el intento de romper el proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas que vive Bolivia, haciendo uso de todos los medios al alcance de estas antiguas clases dirigentes. Sin embargo, una consideración puede ser que este proceso de radicalización extremista (racista y xenófoba hacia la mayoría de la población, el 63% cuando menos), por parte de aquellos que continuamente aluden a la defensa de la democracia y la libertad, no es más de una muestra de su debilidad política.
A día de hoy, se ha alcanzado un principio de acuerdo para abrir un amplio proceso de diálogo, continuamente propuesto por el gobierno, a fin de lograr un gran acuerdo nacional para la viabilidad de Bolivia. No hay mucha confianza en que este proceso avance, pues se es muy consciente de la falta de voluntad por parte de la oligarquía, pero nunca se podrá acusar al gobierno boliviano de no articular todos los caminos pacíficos y democráticos para conseguirlo. De esta forma lo ha expresado recientemente, entre otros, la práctica totalidad de gobiernos latinoamericanos; de esta forma lo considera la mayoría de la población de este país y así debe defenderlo la comunidad internacional. Bolivia necesita las transformaciones propuestas, avaladas en sucesivas ocasiones en el proceso electoral democrático en curso, para conseguir que la justicia, equidad y bienestar (buen vivir se denomina aquí) sea un bien para todos/as y no solo para unos pocos, tal y como lo ha sido durante las últimas décadas.
Celebrando la lucha de los pueblos indígenas del mundo
LA VIOLENCIA Y EL RACISMO ACALLAN LA FIESTA DEL CINE INDÍGENA EN SANTA CRUZ
La Paz, 10 de septiembre de 2008
Los actos de violencia vividos el pasado 9 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz han obligado a suspender, por cuestiones de seguridad, los actos previstos en esta ciudad en el marco del IX Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas.
Después de la toma por parte de los grupos de choque de la oposición “cívica” de diferentes instituciones públicas y medios de comunicación afines al gobierno, se temen ataques a los participantes de dicho festival. Este es el motivo que ha obligado a las organizaciones indígenas originarias convocantes a suspender el festival en Santa Cruz.
Desde 1985 la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, junto a Organizaciones Indígenas y aliados de diferentes países, impulsa el desarrollo de los Festivales Internacionales de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. En esta edición, la violencia y la intolerancia han querido acallar el mensaje de los pueblos indígenas y originarios de muchas partes del mundo.
Después del triunfo de la violencia y la sinrazón, el festival no tiene más remedio que trasladarse ahora a la ciudad de La Paz, donde estaba previsto su inicio el próximo domingo 14 de septiembre, con la presentación de la película “El grito de la selva”, primer largometraje de ficción indígena producido en Bolivia. En esta película se narra la lucha de los pueblos indígenas de la amazonía boliviana por defender su territorio del avasallamiento sufrido por parte de grandes latifundistas. Precisamente, estos latifundistas y otros grupos opositores, son los que ahora pretenden frenar el proceso de emancipación que viven los pueblos indígenas en nuestro país.
Sin embargo, la violencia de los intransigentes no impedirá que el IX Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígena consiga: afirmar el pleno reconocimiento social, político y cultural de los pueblos indígenas; resaltar el valor de la imagen y la comunicación para celebrar un mundo plural en el que los pueblos indígenas puedan construir el futuro que buscan; motivar la producción de obras cinematográficas y videográficas que dan voz y que los retratan dignamente; ni fortalecer los lazos que unen a las y los comunicadores indígenas y no indígenas de diferentes continentes luchando por un mundo más justo y por el pleno reconocimiento del derecho a la autodeterminación.
Bolivia: Una guerra que había comenzado hace mucho tiempo
Por Ramiro Lizondo Díaz*
16 septiembre 2008.-
Para quien se interese en la historia, podrá darse cuenta que la de Bolivia, es la de las masacres indígenas, campesinas y obreras desde la colonia hasta hoy. La República se sostuvo sobre la explotación de la fuerza de trabajo indígena y la base de recursos naturales, hasta hoy. El expolio y explotación consolidó una estructura social e institucional vinculada a la producción y exportación de materias primas, consolidando en el largo plazo, una condición de dependencia que lo convirtió en uno de los países más pobres del hemisferio occidental.
Con una organización social extremadamente estratificada y un horizonte estatal frágil el transcurrir de su historia estuvo marcado por la exclusión y masacre. Los pueblos originarios nunca dejaron de manifestar sus anhelos de libertad, como lo prueban las innumerables sublevaciones, tanto las que culminaron con el gran alzamiento de 1780, como también las que se realizaron contra las haciendas, durante la República.
Algunas de estas sublevaciones indígenas y campesinas tuvieron una magnitud enorme no sólo por el esfuerzo de la movilización y la tragedia que representó la masacre sino por la memoria y la herencia emancipatoria transmitida de generación en generación. Las de 1874 y 1899, tanto en las tierras altas como en las tierras bajas del país, ya en el siglo XX no dejarían de ser movilizaciones que terminarían en nuevas masacres como la rebelión de Jesús de Machaca en 1921 o la de Chayanta en 1928.
Las masacres obreras también tenían su marca de dramatismo como la matanza de mineros en Uncía en 1923, Catavi en 1942, la guerra del Chaco (1932-1935), la revolución de 1946, la de 1952, la de 1964, la matanza de San Juan en 1967, el golpe militar de Bánzer en 1971, la masacre de trabajadores fabriles y universitarios de noviembre de 1979, la marcha por la vida en 1986, la marcha por tierra y territorio de 1990, la masacre de Amayapampa y Capasirca de 1997, las guerras del agua (2000), la guerra del gas y la masacre de El Alto de 2003; ahora la masacre de Pando (2008).
Con el tiempo, se consolidó en la estructura mental de los pueblos indígenas y los movimientos populares, tanto de las tierras altas como de las tierras bajas, una cultura política insurreccional y de resistencia anticolonial que fue y es una guerra larga e intermitente contra los invasores y sus descendientes que cruza de forma transversal toda la historia boliviana.
Ahora, los movimientos populares e indígenas a la cabeza de Evo Morales, se han convertido en una real opción de poder y construcción de una nueva hegemonía política que cuestiona el entramado oligárquico-clientelar y antinacional que gobernó el país hasta hace dos años atrás. Los movimientos indígenas ya no son sujetos de postal folcklórica, ahora son una real opción de poder político. Esa es la dimensión de este nuevo paradigma.
Incluso a la izquierda tradicional anclada en paradigmas que ya no se sostienen, como el hecho de asumir la “inevitable” vanguardia obrera en todos los procesos revolucionarios, le cuesta asumir la potencia de este nuevo y a la vez antiguo actor social cuya estrategia de poder se sustenta en la recuperación del Estado para las mayorías nacionales y que éste sirva no solo para asegurar la propiedad de los recursos naturales para todos los bolivianos, sino para redistribuir las rentas que se puedan obtener de su explotación.
El conservadurismo de la oligarquía boliviana, idéntica a la de toda la región, se vio obligada a aceptar que les gobierne un “indio”, que según sus cálculos, caería por su propio peso y su condición de tal. Pero cuando se cuestiona la estructura de propiedad de la tierra están dispuestos a todo con tal de no abandonar el escenario de la historia.
La abierta sedición de la derecha responde a una estrategia planificada y coordinada de violencia, bloqueos de caminos, ocupación de entidades estatales; control y saqueo de las instituciones públicas, plan de hostigamiento y amenazas; ocupación de cuarteles, voladura de válvulas de gas, desabastecimiento de productos básicos, desestabilización económica, creación de un clima de inseguridad y desgobierno. Un plan golpista en toda regla que coincide casi como una calca con lo que había pasado en Chile en el gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, aún queda la sensación de pasividad por parte del gobierno boliviano.
Los movimientos sociales han tomado la iniciativa para detener la escalada golpista con la movilización de las bases, cuya decisión es frenar a la derecha con la autoridad moral que les da la sangre derramada, su conciencia política, su capacidad combativa y el horizonte de visibilidad de un modelo de país distinto, porque han sido ellos quienes han cargado sobre sus hombros los vejámenes y la marginación a la que los sometió la colonia y el estado republicano oligárquico.
El gobierno popular tiene la obligación de hacer respetar el Estado de Derecho en todo el país y llevar ante la justicia a los criminales, sediciosos y paramilitares fascistas que se han apuntado una nueva masacre. Lo que se pensaba tenía que ser el elemento que encendiera los sentimientos regionalistas autonomistas de la derecha fascista, ha generado una reacción contraria. El crimen y la barbarie de su accionar los deja en evidencia.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, históricamente han respondido a los intereses de la oligarquía de la que sus principales oficiales provienen. Eso explica en parte su posición de “brazos caídos” e inoperancia frente al accionar amenazante de la clase social con la que ellos mismos se identifican. En la historia de las masacres, los militares fueron siempre los actores inconfundibles de la represión y la muerte. En todos los casos actuaron como sicarios al servicio de las oligarquías. Excepto en la última masacre campesina de Pando. Esto no es señal de nada, sólo deben cumplir la ley que les asigna la responsabilidad de ser “garantes de la unidad de la patria”, y obedecer a su Capitán General, el Presidente Evo Morales. Pero no hay que caer en la ingenuidad de pensar que están de acuerdo con el nuevo proyecto de país que se construye en Bolivia.
La mayor debilidad del campo popular es su extrema diversidad y las luchas sectoriales. La mayor ventaja, la capacidad y tradición de lucha revolucionaria. Se ha llegado al punto de bifurcación, al punto de inflexión y quiebre. La salida “democrática” ya ha sido agotada con los resultados del Referéndum Revocatorio. La violencia la han provocado los facciosos, deben atenerse a las consecuencias de la respuesta popular. La guerra civil que muchos temen, en realidad ya había comenzado hace mucho tiempo, solo que ahora adquiere una dinámica diferente, un liderazgo distinto. El proyecto emancipatorio que debemos apoyar es la “Revolución democrática y cultural”.
Evo toma con una fortaleza abrumadora el mando de esta nueva etapa. Definiendo que su posición está al lado de ese pueblo que hoy decide asumir el reto que le impone la historia. La principal tarea de los movimientos sociales e indígenas es llevar la iniciativa y pasar de la resistencia a la ofensiva. El siguiente paso es aprobar la Nueva Constitución Política del Estado.
* Ramiro Lizondo Díaz es economista boliviano. Universidad Autónoma de Barcelona.
Bolivia: FFAA detienen al prefecto de Pando y lo trasladan a La Paz
ABI, 16 septiembre 2008.-
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, que fuera detenido en Cobija, Pando, a las 10.45 de este martes y a las 11.04 embarcado en una aeronave que despegó de la capital pandina, llegó al aeropuerto de El Alto (La Paz) a las 12.50, en medio de protestas de cientos de vecinos que condenaron la masacre de Pando.
La autoridad pandina arribó a la base militar denominada Grupo Aéreo de Caza (GAC), en donde se definirá su confinamiento.
El ministro de Defensa, Walter San Miguel, en conferencia de prensa, informó que se dio todas las garantías de seguridad a Fernández y que de acuerdo a los plazos legales se hará conocer la condición jurídica de dicha autoridad.
El operativo militar fue realizado en la Prefectura de Pando en el despacho de esta autoridad, donde el Fernández Ferreira no ofreció resistencia.
El prefecto está acusado de ser el cabecilla de una conspiración que derivó en la masacre de campesinos e normalistas en la región de Porvenir, Pando.
De acuerdo a las versiones oficiales, la detención se realizó en cumplimiento a las normas constitucionales y legales que rigen en el país.
Ante denuncias de la dirigente cívica pandina, Ana Melena, en sentido de que se habría violando los derechos constitucionales del Prefecto pandino, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, aclaró que esa captura se realizó en el marco de los artículos 111 y 112 de la Carta Magna.
Además, aclaró que la aplicación del estado de sitio, en esta oportunidad, se realizó para preservar la vida y detener la escalada de violencia criminal que imperó en Pando, a diferencia de otras gestiones donde se decretó esa medida constitucional para defender los intereses de las transnacionales.
Ya el lunes, once ciudadanos procedente de Cobija llegaron a la ciudad sede de gobierno confinados por vulnerar el estado de sitio vigente en Pando, los mismos que también serán investigados por la masacre de campesinos entre el jueves y sábado pasado en las poblaciones pandinas de Porvenir, Filadelfia, Puerto Rico y Puente Cachuelitas.
San Miguel, en rueda de prensa realizada en Palacio Quemado el lunes, informó sobre el confinamiento de esas personas y anunció que en las próximas horas se hará conocer la población donde serán trasladadas.
Según el artículo 111 de la Constitución Política del Estado, en casos de grave peligro por causa de conmoción interna o guerra internacional, el Jefe del Poder Ejecutivo podrá, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, declarar el estado de sitio en la extensión del territorio que fuera necesario y tendrá la duración de 90 días.
Presidente Morales afirma que detención de Fernández es en observancia a la ley
La Paz, 16 sep (ABI).-
El presidente del República, Evo Morales, aclaró este martes que la detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, se realizó en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, norma fundamental que establece el estado de sitio para resguardar la seguridad interna y preservar la vida.
“Esta detención (de Leopoldo Fernández) es en el marco del estado de sitio, en el marco constitucional y nadie puede oponerse”, afirmó el Mandatario en rueda de prensa ofrecida en Palacio Quemado, tras hacer conocer el contundente respaldo a la democracia boliviana por parte delos jefes de Estado y presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Fernández Ferreira fue detenido a las 10.45 de este martes y las 11.04 fue trasladado en una aeronave que decoló presumiblemente con rumbo a La Paz, aunque esta información no fue confirmada por fuente oficial alguna.
El operativo militar fue realizado en la Prefectura de Pando en el despacho de esta autoridad, donde el Fernández Ferreira no ofreció resistencia. El edificio quedó, luego de la detención, en control de las tropas militares.
El prefecto está acusado de ser el cabecilla de una conspiración que derivó en la masacre de campesinos e normalistas en la región de Porvenir, Pando.
“Me he informado por medios de comunicación que hay un inicio de un proceso de genocidio del Prefecto de Pando”, afirmó Morales Ayma.
Pero al margen del inicio del proceso juridicial por la masacre de al menos 15 campesinos y normalistas en la región de Porvenir, Morales espera que la Fiscalía llegue hasta lograr una sanción con los responsables de la matanza en Pando.
“Saludamos al Ministerio Público, por fin creo que intenta hacer respetar la vida y el patrimonio nacional, ojalá pueda continuar”, agregó.
De acuerdo al Presidente, cuando se trata de defender la vida y el patrimonio del pueblo boliviano las accione legales deben continuar y exhortó a las instituciones nacionales llamadas a juzgar, apliquen la ley.
El Prefecto está acusado de ser el cabecilla de una conspiración que derivó en la masacre de campesinos e normalistas en la región de Porvenir, Pando, entre este 11 y 12 de septiembre.
Ante denuncias de la dirigente cívica pandina, Ana Melena, en sentido de que se habría violando los derechos constitucionales del Prefecto pandino, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, aclaró que esa captura se realizó en el marco de los artículos 111 y 112 de la Carta Magna.
Ya el lunes, once ciudadanos procedente de Cobija llegaron a la ciudad sede de gobierno confinados por vulnerar el estado de sitio vigente en Pando, los mismos que también serán investigados por la masacre de campesinos en las poblaciones pandinas de Porvenir, Filadelfia, Puerto Rico y Puente Cachuelitas.
San Miguel, en rueda de prensa realizada en Palacio Quemado el lunes, informó sobre el confinamiento de esas personas y anunció que en las próximas horas se hará conocer la población donde serán trasladadas.
Según el artículo 111 de la Constitución Política del Estado, en casos de grave peligro por causa de conmoción interna o guerra internacional, el Jefe del Poder Ejecutivo podrá, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, declarar el estado de sitio en la extensión del territorio que fuera necesario y tendrá la duración de 90 días.