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En la Sierra Tarahumara, los derechos ancestrales sobre los territorios indígenas han sido reconocidos históricamente por uso y costumbre. Sin embargo, la falta de formalización legal por parte del Estado mexicano ha llevado a que las comunidades de los pueblos indígenas sean etiquetadas como «comunidades de hecho», limitando su capacidad de defender sus territorios frente a proyectos extractivos y otras actividades que amenazan sus recursos y su forma de vida.
El otorgamiento de permisos para actividades como minería y tala forestal, en dicha región, se ha realizado, sin garantizar el derecho a una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas. Esta omisión plantea una pregunta fundamental: ¿dónde quedan los derechos de las comunidades indígenas a participar en decisiones que impactan directamente sus territorios y medios de vida? Además, estas actividades suelen implementarse sin considerar los graves impactos ambientales que generan ni ofrecer compensaciones adecuadas. (Red en Defensa del Territorio Indígena, 2016, pp. 26-37).
Todas estas, son dinámicas que perpetúan lógicas coloniales de despojo, explotación y exterminio que no sólo oprimen a los pueblos indígenas, sino que también persiguen a quienes resisten y defienden sus derechos; enfrentando amenazas, criminalización y poniendo en juego su vida.
En toda Latinoamerica, la defensa de los derechos humanos, el territorio y los bienes naturales implica riesgos extremos. Según Global Witness (2023), en 2022 al menos 177 personas defensoras fueron asesinadas por proteger el planeta, sumando un total de 1.910 homicidios desde 2012 (p.9). Por parte, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras) (2024), entre el 2012 y 2022 documentó un total de 4.504 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica, lo que representa 15,6% de todas las agresiones documentadas en el período a nivel de dicha región (p.39).
México es el país con el mayor número de asesinatos registrados, con personas defensoras asesinadas cada mes, con un total de 54 asesinatos en 2021, frente a los 30 asesinatos registrados en el 2020. Más del 40% de las personas asesinadas eran indígenas. México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período. La mayoría de los asesinatos (131) ocurrieron sólo entre 2017 y 2021. (Global Witness, 2022, p. 11-12) .
Las comunidades rarámuri Coloradas de la Virgen y Choréachi, ubicadas en el distrito de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, son ejemplos emblemáticos de la resistencia frente al despojo y la violencia. Estas comunidades enfrentan una presión constante de actores privados, políticos y grupos criminales que buscan explotar los recursos naturales de la región. Su lucha ilustra los riesgos inherentes a la defensa colectiva del territorio, una tarea que no solo protege sus tierras, sino también su cultura y su identidad.
En los últimos años, la violencia y el acoso de grupos criminales han provocado un aumento en el número de desplazados internos, amenazas y asesinatos a personas defensoras en la Sierra Tarahumara. Esta situación pone de manifesto la extrema vulnerabilidad de quienes defienden su tierra en un contexto donde los intereses extractivos, la indiferencia gubernamental y la violencia se intersectan.
Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) ha jugado un papel clave en el acompañamiento de las comunidades indígenas de Coloradas de la Virgen y Choréachi, apoyándolas en su lucha por la defensa del territorio frente a los intereses de empresas extractivas y actividades ilegales, como la tala ilegal. Isela González (directora), y otras personas trabajadoras de ASMAC, en la actualidad cuentan con medidas de protección que brinda el Estado Mexicano. I. González enfatiza que es la comunidad la que está defendiendo su territorio; por lo que debe protegerse a toda la comunidad “es muy importante proteger a la comunidad en su conjunto, ya que la defensa del territorio es un esfuerzo colectivo. La comunidad entera debe estar protegida para salvaguardar sus tierras y su cultura.” (Comunicación personal, 5 de septiembre de 2024).
En este estudio se describe la ubicación y características geográficas de las Sierra Tarahumara, los procesos históricos ocurridos en dicha región y su influencia en los conflictos actuales. Se abordan, también, algunos elementos contemporáneos del contexto acerca de como el Tratado de Libre Comercio, las economías extractivas y la “guerra” contra el narcotráfico, han perpetuado las desigualdades y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
Desde Mugarik Gabe queremos visibilizar las vidas en juego de quienes defienden el territorio, los bienes naturales y los derechos humanos en regiones como la Sierra Tarahumara, haciendo frente a agresiones físicas, criminalización, violencias digitales, amenazas. Los casos de Choréachi y Coloradas de la Virgen, también nos recuerdan que esta lucha es colectiva y que garantizar la protección de las personas y comunidades defensoras requiere un compromiso decidido de los actores políticos, tanto a nivel local como internacional; por ello este informe también hace eco de las demandas y desafíos ya recogidos en informes elaborados por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras) y otras entidades de derechos humanos.