Hace semanas escuchábamos decir al aspirante a presidente de EEUU Trump en un debate televisado que hay Estados demócratas en su país que permiten el aborto después de que el niño haya nacido.

Dado el personaje, parece una idea disparatada e improvisada pero esta misma falsedad la oíamos en 2019 al entonces número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, que  aseguraba que en Nueva York «se acababa de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento».

Más recientemente en 2022 el Gobierno de Orbán en Hungría aprobó un decreto que obliga a las mujeres que quieran abortar a escuchar antes el latido del corazón del feto. Propuesta que igualmente escuchábamos por estas latitudes a un diputado de Vox en Castilla y León.

Breves píldoras que nos muestran cómo la extrema derecha presente con cada vez más fuerza también en nuestras sociedades comparten un argumentario en contra de los derechos de las mujeres y con especial ímpetu contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Los escuchamos, y:  algunas personas comparten estas ideas, otras se llevan las manos a la cabeza “qué barbaridades dicen”, a otras incluso les suena a temas ya viejos, superados, pero hay otras que nos indignamos profundamente por muchas razones. Porque parece que los derechos humanos de las mujeres no son tales, y van al albor de quien consiga estar en el poder, miremos a Argentina, a Afganistán  por citar solo algunos lugares, porque un listado exhaustivo sería aquí inabarcable. Porque hay derechos que parece que se pueden suprimir porque dan votos y también porque conocemos el impacto de la vulneración del derecho al aborto en las vidas de muchas mujeres.

 

La obligación de escuchar el latido fetal es el primer paso de muchos estados que llegan a la penalización total del aborto. Esos argumentos que oímos repetidamente se hacen ley, y ¿a quienes afectan principalmente? A las mujeres pobres de estos países quienes acaban incluso en la cárcel. Porque es seguro que las mujeres con recursos económicos siguen abortando. Y las que no tengan estos recursos, también lo harán o lo intentarán, con grandes riesgos para su salud, incluso para su vida.

Estos días nos encontramos con un nuevo caso de encarcelamiento de una mujer que sufrió una emergencia obstétrica en El Salvador como denuncia la Agrupación por la Despenalización del aborto, para otras antes que ella, esto supuso cárcel de más de 30 años, emergencias obstétricas con condenas por homicidio.

Nos acordamos hoy de Beatriz, también salvadoreña, cuyo caso no es único y que es una demostración de lo que suponen estas políticas en la vida de las mujeres. Su caso está suponiendo un emblema, una punta de lanza para exigir, no sólo el derecho al aborto para todas las mujeres, sino también para reparar a quienes han sufrido los impactos de la vulneración de este derecho en sus vidas.

Beatriz tuvo un primer hijo y varias intervenciones por un embarazo de alto riesgo debido a varios problemas de salud. Años después tuvo otro embarazo y le diagnosticaron desde el inicio que el feto tenía malformaciones y que no había esperanza de vida una vez nacido. El personal médico coincidía en que era necesario interrumpir el embarazo, pues cada día se agravaba el estado de salud de Beatriz.

A pesar del dictamen médico y la presión, también internacional, el Estado salvadoreño se negó a autorizar el procedimiento y Beatriz fue forzada a continuar con el embarazo. Finalmente, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado salvadoreño fue obligado a realizar el procedimiento de interrupción del embarazo el 3 de junio de 2013.  Beatriz murió el 8 de octubre de 2017. Su deteriorado estado de salud provocó que las consecuencias de un accidente de tránsito se agravaran.

El caso de Beatriz, puso al descubierto ante el mundo los graves impactos de la penalización absoluta del aborto. Así en 2024 varias organizaciones han llevado el caso Beatriz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en contra del Estado salvadoreño. Como ellas mismas dicen “buscan honrar la memoria de Beatriz y exigen la reparación integral del daño a su familia, medidas de no repetición para asegurar que ninguna niña ni ninguna mujer se verá forzada a pasar por lo que Beatriz pasó, además de la modificación del marco normativo que atenta contra la vida de miles de salvadoreñas”.

Junto con ellas, esperamos una sentencia favorable que provoque un cambio en las leyes restrictivas de El Salvador, y ojalá también en otros países de la región.

También en Europa, otras acciones acciones están presentes. En la actualidad el movimiento “My Voice, My Choice” (Mi voz, Mi Decisión) se conforma como iniciativa Ciudadana Europea por un aborto seguro y gratuito para todas, donde seguimos encontrando carencias en su aprobación y puesta en práctica.

Este 28S Día por la Despenalización y Legalización del Aborto pedimos con más fuerza Justicia para Beatriz y tantas otras mujeres que sufren cualquier vulneración a sus derechos humanos.