Se ha iniciado recientemente el proceso sobre la necesaria reforma de la Cooperación Española y, pronto, se abrirá también el debate sobre la correspondiente a la Cooperación Vasca. Las posiciones se van definiendo. Por ahora, principalmente, en comparecencias parlamentarias y escritos en prensa. Desde luego, los diferentes actores e intereses políticos y económicos van fijando sus posturas. Se abre la veda para tratar de incidir en esas reformas, tras los llamamientos a la necesaria mejora de la Cooperación Internacional y su adecuación a los tiempos que vivimos. Y aquí nos encontramos en una disyuntiva evidente y constante en este tipo de reformas.

O maquillamos profundamente, pero maquillaje al fin, la Cooperación en el marco estricto del sistema, o profundizamos en una real transformación de la misma que, verdaderamente, pueda generar los mecanismos, vías y determinaciones para, a su vez, aportar a transformar sociedades y circunstancias radicalmente injustas para las grandes mayorías. Lo que hemos hecho hasta ahora, bajo los parámetros de las grandes directrices del sistema, y que ha primado más los intereses geoestratégicos, comerciales o financieros que los reales de la solidaridad y los derechos humanos, los conocemos; la oportunidad de dar primacía a estos últimos sobre los primeros, está sobre la mesa.

En ese marco, qué duda cabe, hay posiciones más o menos antagónicas. Se leen textos en los medios y se escuchan comparecencias en las que el lenguaje dominante es altamente significativo. Hagamos un mínimo repaso, siempre desde el respeto a las diferentes posturas.

Arquitectura institucional, eficacia y operatividad, disfuncional, atenuación del riesgo, agentes diversos, alianzas público-privadas, ecosistema de cooperación, estimular la inversión emprendedora, marcos regulatorios, financiación. Por momentos no sabemos muy bien de qué se puede estar hablando exactamente. Da cierto vértigo esa terminología, aunque no negamos radicalmente su valor.

Parece ser que es sobre cooperación, pero podría ser igualmente sobre cuestiones económicas propias de alguna reestructuración del sistema financiero, o de la salida de la crisis pandémica por su afección a la economía. Nada por el contrario, y esto es lo preocupante, ni una palabra que hable de solidaridad, organizaciones sociales, transformación social, derechos humanos, empoderamiento de las mujeres, libertades democráticas, autodesarrollo, redistribución de la riqueza o justicia social. En algunas intervenciones y escritos aparecen de modo marginal y, parece más por cubrir el expediente que por un verdadero convencimiento sobre su valor y urgencia.

Lo decíamos anteriormente. En un asunto como es la cooperación entre las personas y países, que nos exigiría abordar, siempre mediante el consenso, las causas de las diferentes crisis, afrontarlas desde la solidaridad y la búsqueda de la justicia, reconociendo a las organizaciones y pueblos del Sur global como los sujetos políticos de derechos y, por lo tanto, protagonistas de su presente y futuro, las posiciones muestras visiones en gran medida antagónicas aunque, ojalá que no irreconciliables. Los lenguajes así lo denotan y no es una simple cuestión de forma; esos lenguajes son el reflejo innegable de las diferencias de fondo que subsisten en los planteamientos de reforma que se van colocando en el debate.

Corremos el riesgo de abordar la reforma urgente de la Cooperación más desde nuestros intereses económicos y políticos que desde los de los pueblos que decimos son nuestro referente en la acción de la solidaridad. Somos conscientes de que este otro discurso será enfrentado desde términos que ubiquen sus conceptos básicos como trasnochados, como poco efectivos y que no sirven para abordar las causas y consecuencias que la cooperación dice siempre querer enfrentar.

Pero, ¿cómo abordamos una reforma de la Cooperación española, o vasca, si no es desde esos parámetros? ¿Cómo podemos no tener como ejes de redefinición de la política de cooperación términos y conceptos como que esta debe de ser transformadora en lo social, que denuncie la criminalización de la protesta social frente a la injusticia y la violación de los derechos humanos, que desarrolle sus enfoques y orientaciones en parámetros de derechos, de procesos de medio largo plazo para lograr cambios reales, que incida en una visión feminista y ecologista para rebasar los marcos del género y del ambientalismo en un salto ya necesario, o que centre esfuerzos en una real coherencia de las políticas públicas de todas las administraciones?

Lo decimos con todo el respeto, pero, si queremos abrir verdaderamente el debate, es necesario señalarlo. En demasiadas ocasiones en estos procesos de reforma suelen primar más los análisis técnicos y económicos, con evidente carga política profunda, que aquellos otros que se hacen desde el terreno, más centrados en la solidaridad. Caminar años de la mano de las poblaciones y sus organizaciones nos da una visión, como ONG para el desarrollo, más real de los problemas y nos enseña que, en demasiadas ocasiones, las soluciones se encuentran más de la mano de estas personas que de aquellas que se definen solo en los despachos de Madrid, Vitoria o Bruselas.

Pero, no señalamos lo anterior desde la ingenuidad. Somos muy conscientes, y así lo hemos mantenido por décadas, que los problemas del llamado desarrollo radican precisamente, y en gran medida, en las decisiones que se toman en estos últimos despachos antes citados. Por eso, cuando decimos que las soluciones a las crisis, sean humanitarias, climáticas o sociales, radican en el polvo de los caminos del Sur, sabemos también que las mismas deben de ser acompañadas, que no teledirigidas, por las necesarias decisiones políticas y económicas que se toman en el Norte global.

No sirve avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la población si, las decisiones económicas siguen abriendo los territorios de estas poblaciones a los grandes proyectos que los esquilman. No sirven las reuniones para salvar el planeta, si no se toman medidas que condicionen las inversiones en grandes infraestructuras o simplemente se pinta de verde el accionar de empresas responsables del cambio climático. No es efectivo seguir primando intereses económicos, sean financieros, comerciales o geoestratégicos, por encima del hecho de escuchar las demandas de las personas del Sur global y de poner la vida en el centro.

Por eso, las decisiones de reforma de la Cooperación y sus instrumentos deben de abordar esta realidad. Lo hemos dicho anteriormente, no negamos el valor de una terminología y acción técnica, pero nos preocupa que solo esta aparezca en los discursos y escritos, porque estaremos invisibilizando, negando, el valor de la solidaridad. Esa que realmente hace que la cooperación sea un toma y daca, una interrelación verdaderamente humana, equitativa, horizontal y democrática. La oportunidad está aquí y esperamos no dejarla pasar.