Desde Mugarik Gabe publicamos el informe “Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta social. El caso Guatemala”.
Cabría preguntarse en primer lugar sobre el objetivo principal de esta investigación realizada durante el presente año 2017 y la respuesta es sencilla y diáfana en cuanto a su intencionalidad: evidenciar, a través del caso paradigmático de Guatemala, cómo la criminalización de las protestas sociales en defensa de los territorios y sus recursos naturales es una estrategia articulada al servicio de las transnacionales y oligarquías locales, para la protección de los intereses políticos y económicos de estas clases, élites y estructuras. Así mismo quedará patente cómo el estado, a través de los sucesivos gobiernos y en el marco del sistema capitalista neoliberal, hace dejación permanente de su obligación de protección y mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, de las grandes mayorías, pero de forma especial de los pueblos indígenas y sus derechos sobre los territorios que habitan.
Esta investigación e informe consiguiente tomó como centro el caso de Guatemala por ser el paradigma de este tipo de actuaciones y procesos en todo el continente latinoamericano. De alguna forma, se podría decir que desde los Acuerdos de Paz (1996) que pusieron fin a la larga guerra en las tierras mayas, se fueron poniendo las bases para el asentamiento del sistema que hoy definimos como neoliberal. La liberalización y privatización de sectores estratégicos, junto al dominio absoluto de los mercados y sus intereses por encima de la política y de las necesidades de las grandes mayorías, son piedras angulares que abrirán y entregarán el país a transnacionales energéticas, mineras, agroindustriales, etc. Guatemala es un país barato y los ingentes beneficios de la explotación de la biodiversidad y otros recursos naturales hacen de este territorio un espacio fácil y cómodo para la actividad sin control e intereses económicos de todo tipo de transnacionales. Cuentan, desde el principio con la facilidad que da la liberalización de sectores estratégicos (aguas, tierras, riquezas minerales…) y, por lo tanto, fáciles de apropiar y explotar por estas estructuras económicas; cuentan con el apoyo del estado que no impone sino unos irrisorios impuestos a la explotación y aprueba las leyes necesarias. Y cuentan con las oligarquías locales que desde sus ámbitos de dominación social y, sobre todo, institucional y legislativo, se convertirán en aliados inmejorables para la entrada y asentamiento de estas transnacionales.
Así, los casos analizados en este informe, que tienen como protagonistas a empresas españolas, se convierten en paradigmas de las actuaciones de la práctica totalidad de transnacionales y oligarquías locales en la globalidad de Guatemala. Pero, desgraciadamente, no es posible concluir que esos casos son aislados, sino que se puede afirmar que son una constante en el país y en el marco de acción del sistema neoliberal hoy dominante. Y por esto último, queremos que se entienda también este informe desde una visión continental. El sistema económico y político hoy preponderante en la gran mayoría de América Latina hace que lo que aquí presentamos como caso Guatemala, fácilmente podría entenderse como caso Perú, Colombia, Brasil. Argentina, etc. Valga así este informe como elemento de denuncia de esa constante y muestra, a su vez, de la solidaridad necesaria con otros procesos de resistencia y protesta social que pueblos, hombres y mujeres indígenas, así como campesinado, movimiento feminista, organizaciones barriales y otra multitud de sectores sociales llevan adelante en toda América Latina en la defensa del territorio y de la vida.