Denuncia de graves violaciones de derechos humanos a activistas contra la minería en El Salvador

El domingo 20 de diciembre de 2009 varios desconocidos asesinaron a tiros a RAMIRO RIVERA, en el cantón Trinidad, municipio de Sensuntepeque (Cabañas), miembro destacado del Comité Ambiental de Cabañas y rostro visible del movimiento popular contrario a la explotación minera en dicho departamento. Junto a él, falleció también FELICITA ECHEVERRÍA, de 57 años de edad, pobladora del cantón Trinidad, y resultó herida una adolescente de 13 años.

Con anterioridad, el pasado mes de agosto, Ramiro Rivera fue herido de gravedad al recibir ocho impactos de bala por lo que en el momento de los hechos iba escoltado por dos miembros de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. A esta muerte se une la desaparición, el pasado mes de junio, de otro líder de la comunidad y activista medioambiental, MARCELO RIVERA, quien fue encontrado muerto 12 días después, con graves signos de tortura.

Ambos activistas habían destacado por oponerse a la empresa canadiense PACIFIC RIM que pretende explotar varios yacimientos de oro localizados en los municipios de de San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque, todos del departamento de Cabañas. La compañía opera en El Salvador desde el año 2002 pero la fuerte oposición popular a este proyecto y las irregularidades encontradas en su Estudio de Impacto Ambiental han hecho que el gobierno salvadoreño le haya denegado el permiso de explotación del terreno. En respuesta, la compañía ha demandado a El Salvador por “violación de una inversión” y pide, en concepto de indemnización, 100 millones de dólares.

Paralelamente, los casos de represión, amenazas, asesinatos y violencia se han incrementado alarmantemente en los últimos meses, poniendo en grave riesgo la seguridad e integridad física de los miembros de las diferentes organizaciones sociales movilizadas en contra de estos proyectos minero. El sacerdote católico LUIS ALBERTO QUINTANILLA fue interceptado el 27 de julio mientras viajaba en su coche y sufrió un intento de secuestro, logrando huir de sus victimarios por los montes y barrancos colindantes. Los periodistas de la emisora comunitaria RADIO VICTORIA son objeto de una campaña de persecución y amenazas de muerte. Tras los dos últimos asesinatos han resurgido estas amenazas a través de una carta que llegó a las instalaciones del medio de comunicación. El documento reza así: “Bueno, ya mandamos al hoyo a dos, la pregunta es quién va ser el tercero, será acaso el Padre Quintanilla o alguno de los de la radio. No es mala idea seguir mejor con alguno de los bocones de la Radio Victoria”. La emisora previamente ha estado fuera de emisión por la destrucción de la instalación eléctrica de la antena transmisora a manos de desconocidos. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, pidió protección policial para tres de ellos, dado el alto riesgo que corren sus vidas. Otros activistas como MIGUEL RIVERA, hermano de Marcelo, y HÉCTOR GARCÍA BERRIOS, abogado e investigador de los casos y representante de MUFRAS-32, también han recibido amenazas de muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decretado medidas cautelares en estos dos últimos casos y también para los periodistas de Radio Victoria, obligando al Estado de El Salvador a ofrecerles protección policial.

La MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA, plataforma que agrupa a más de una decena de ONGs y organizaciones sociales salvadoreñas, ha denunciado que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República han cometido serias irregularidades en la investigación del asesinato de Marcelo Rivera. Para los miembros de Mesa, la catalogación de este crimen como violencia común impide indagar en la autoría intelectual del mismo.

Por todo ello, y UNIÉNDONOS A LAS RECLAMACIONES QUE HACE LA MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA en El Salvador, pedimos a las autoridades salvadoreñas:

• QUE SE INVESTIGUEN EN PROFUNDIDAD LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DE LOS ASESINATOS DE Dora Alicia Sorto Recinos, RAMIRO RIVERA, FELICITA ECHEVERRÍA Y MARCELO RIVERA, todos ellos destacados activistas locales en contra de la actividad minera de Pacific Rim en el departamento de Cabañas.

• Que implementen MEDIDAS DE PROTECCIÓN eficaces a líderes comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas religiosos y periodistas comunitarios perseguidos y amenazados de muerte, debido a su compromiso con la defensa del medioambiente.

• Que acaten las RECOMENDACIONES HECHAS POR LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE EL SALVADOR Y LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, relativas a la seguridad de dichos activistas medioambientales.

• Que el Ejecutivo salvadoreño promueva una LEY DE MINERÍA que prohíba expresamente la exploración y explotación minera en El Salvador, dada la grave alteración ambiental que provocan este tipo de proyectos y las nefastas consecuencias medioambientales que supone su implementación.

Asimismo EXIGIMOS a la empresa canadiense PACIFIC RIM MINING CORP. y a sus subsidiarias estadounidenses, Pac Rim Cayman LLC, y salvadoreñas, Pacific Rim El Salvador, S.A. de C.V. y Dorado Exploraciones, S.A. de C.V.:

• Retirar toda su actividad de aquellas zonas donde la población local lo requiera de forma inmediata.

• Respetar y cumplir los marcos internacionales de derechos humanos, lo que debería ser constatado a través de la realización de una auditoría externa.

• Respetar la soberanía nacional de los países en los que desarrolla sus inversiones, retirando la millonaria demanda que ha interpuesto al Estado salvadoreño amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana (CAFTA – DR por sus siglas en inglés), tratado denunciado por los movimientos populares salvadoreños.

• Reconocer la deuda ecológica adquirida por la actividad de la minería metálica y proceder a la restitución y reparación de posibles daños.